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La comunicadora jujeña especialista en derechos humanos y comunidades indígenas, sufrió un robo intimidatorio en el que un grupo de personas no identificadas ingresó a su vivienda, sustrajo sus herramientas de trabajo y dejaron un mensaje intimidatorio.

La agrupación Periodistas Argentinas denunció los hechos de violencia contra su colega Mariana Mamaní y expresó su preocupación, amplificando el caso para que se tomen medidas reparatorias y avance la investigación.
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La comunicadora jujeña quien actualmente se desempeña en el medio digital Jujuy Dice, padeció un robo intimidatorio en su vivienda ubicada en Villa Jardín de Reyesen, la tarde-noche del viernes 17 de julio, cuando un grupo de personas no identificadas ingresó a la fuerza y dejaron un mensaje intimidatorio: un ejemplar de la Constitución de Jujuy sancionada en 2023.
"Ingresé como cualquier día a mi casa y sentí que habían estado tocando y revisando todo, principalmente el dormitorio de mi hija", aseguró Mamaní en diálogo con el periodista Marcos Huanca de Sky FM 106.1. "Al principio no veía que faltara nada, hasta que me di cuenta de que no estaba mi cámara, que es con la que trabajo", sostuvo.
Según detalló Página 12 (diario donde Mamaní ejecerse como colaboradora), ese viernes miles de familias jujeñas se veían afectadas por los masivos cortes de luz, producto del viento norte. Al tiempo que contextualiza la violencia en un panorama aún más estremecedor: este mes se cumplen 50 años de los Apagones de Ledesma, como se conoció a los operativos de secuestros que la Dictadura Cívico Militar llevó adelante en complicidad del Ingenio Ledesma, "que provocó cortes de energía eléctrica para efectuar operativos de secuestro masivos, en Libertador General San Martín y Calilegua", en la provincia.
A través de un comunicado, Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy -organización a la que Mamaní pertenece- resaltó que la colega es "una de las pocas comunicadores de Jujuy que incluyen en su agenda periodística temas vinculados con la tierra, las comunidades, los desalojos, las luchas feministas, los derechos humanos, las persecuciones a las voces disidentes”.
El organización encargada de visibilizar las causas por violencias de género, difundió "este grave ataque", y exigió su "investigación urgente" y "la identificación de las personas responsables".
"No fue un robo común", señalaron. "Fue un mensaje político. Que hayan dejado un ejemplar de esa Constitución no es un dato menor: fue aprobada en medio de una fuerte represión a la protesta social y cuestionada por organismos de derechos humanos. Utilizar ese texto como amenaza constituye un intento de disciplinar y silenciar a una periodista comprometida con la defensa de los derechos humanos. Este ataque se inscribe en una escalada de hostigamiento contra periodistas y quienes defienden los derechos humanos. Cuando se intenta silenciar a quienes investigan y denuncian, se vulnera la libertad de prensa, se debilita la democracia y se atenta contra el derecho de toda la sociedad a estar informada", manfiestaron.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada en Robo y Hurto del MPA, Aldo Lozano, recibió a la periodista y a su abogada Lorena Mamaní.
"El robo tiene otras connotaciones, porque entraron a dejarme un mensaje intimidatorio. No, se llevaron otros objetos que estaban a la vista. Además, saben quién soy, siento que me hicieron inteligencia, que me seguían. Es por ello que pido que el ministro de Gobierno de derechos humanos de la provincia (Normando Álvarez García) se comunique, fuimos a pedir una reunión por la gravedad del caso”, declaró Mariana.
La fiscalía comenzó a llevar adelante una serie de acciones: se solicitaron las grabaciones de cámaras de seguridad privadas y de vecinos situados a unos 100 metros de la casa de la periodista para relevar los movimientos en los alrededores. En tanto, dispuso "una custodia policial en el domicilio de la periodista", mientras el personal de la Brigada realizará "recorridos preventivos por el barrio".
Dado que el fiscal Lozano se toma vacaciones por el receso de invierno, la instrucción será delegada en el ayudante fiscal Agustín Oroza y en el secretario de la fiscalía, Santiago Mamaní.

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