La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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Esta es una condena ejemplar en la que por primera vez en la Argentina se condenó a un intendente y a un comisario por su participación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Así lo informó www.fiscales.gob.ar.
Los funcionarios públicos - el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el comisario Carlos Alanis- recibieron la pena de cinco años de prisión, al igual que el dueño del prostíbulo, Carlos Fernandez. Además, los magistrados condenaron a dos años de prisión a los encargados del boliche Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs.
El caso salió a la luz luego de varias denuncias realizadas entre el año 2008 y 2009 respecto a una serie de irregularidades en el local nocturno llamado “Good Night”, ubicado en la localidad pampeana de Lonquimay.
“Estamos muy contentos porque es un muy buen precedente para la Argentina ya que no hay antecedentes de condenas a intendentes en la región", sintetizó Colombo
En tanto, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, Jorge Bonvehi, quien actuó en el juicio oral, coincidió plenamente con Colombo en cuanto a la trascendencia del fallo. Asimismo, resaltó que los dichos de las víctimas "fueron determinantes para demostrar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual".
“La elevación a juicio fue por seis víctimas. Sin embargo, solamente fueron localizadas tres para comparecer al debate oral. La tarea de contactarlas no fue sencilla ya que había pasado bastante tiempo. Lo más importante fueron sus dichos ya que ellas confirmaron la existencia del delito de trata”, detalló Bonvehi.
Otra característica de este caso, es que quedó claro cuáles eran las condiciones a las que eran sometidas las víctimas. La mayoría de las mujeres declaró que llegaron a “Good Night” a través de una falsa oferta laboral y, una vez allí, se encontraban con un panorama totalmente diferente.
“Lo que se ve habitualmente en estos casos es que muchas de ellas tenían la prohibición de salir del lugar. Lamentablemente, acá dependía del carácter de la víctima. Las que tenían más confianza tenían mayor libertad”, describió Bonvehi.
"Era llamativo que les hicieran exámenes ginecológicos a las mujeres cuando el lugar estaba habilitado como salón de baile", indicó el fiscal Bonvehi.
“El policía no podía ignorar lo que pasaba. Además, varias víctimas dijeron que iba frecuentemente al lugar, aunque él alega que era por las inspecciones que debía realizar. Esto ponía a las víctimas en un lugar de indefensión total ya que no tenían a quien recurrir si el policía, que debería protegerlas, iba al lugar y conversaba con el dueño”, añadió Bonvehi.
“Es un precedente judicial valiosísimo para todos. Me parece que reivindica al poder judicial y la actuación de otros jueces que han podido ver el caso en el marco de un debate donde la prueba se lleva adelante de la manera más amplia posible. Ellos mismos han determinado penas severas para todos los imputados, en este caso, para el comisario que estaba encargado de la jurisdicción donde estaba este prostíbulo y para intendente que también tenía probadas conexiones con el proxeneta y con el comisario”.
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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