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Actualidad -
El caso de Amado Boudou es distinto al de la mayoría de las personas del país que tienen tobillera electrónica, transitan la prisión domiciliaria y se amparan en el “Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”.
Guillermo Nicora -Director del área Cárceles y Políticas Penitenciarias del INECIP- aclara que Boudou no tiene condena firme. Por lo tanto, no puede ser obligado a cumplir la pena. El argumento para encarcelarlo que al momento de la condena adoptaron la mayoría de los jueces se basaba en que podría entorpecer otra investigación, conocida como “Ciccone II”.
Al día de hoy, la investigación “Ciccone II” terminó. Por lo tanto, no hay argumentos para que Boudou siga preso. Sin embargo, los jueces entienden que existe un riesgo de fuga por lo que le impusieron medidas asegurativas a su libertad: una fianza de 1 millón de pesos y la tobillera de monitoreo electrónico que lo limita en un radio de 100 km, entre otras condiciones.
Los dispositivos son colocados en el tobillo del detenido y están conectados a un teléfono que envía una señal que es monitoreada y alerta a las autoridades cuando se produce alguna transgresión a las condiciones establecidas.
La situación legal del ex vicepresidente es de “excarcelado”. Esto significa estar libre, por lo que este periodo no contabiliza como cumplimiento de la pena. No es prisión domiciliaria. De hecho, formalmente tiene derecho a ser tratado como inocente.
En caso que Boudou no cumpla con las condiciones impuestas por la Justicia, puede ser revocada su excarcelación y volver a prisión preventiva.
Los 2.659 casos que rigen bajo el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica están cumpliendo su condena efectiva. De hecho, es una alternativa que encontró el Estado para enfrentar la problemática de la sobrepoblación carcelaria.
Según el último censo del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, son 85.283 las personas privadas de la libertad que están alojadas en unidades de detención del país, superando en un 6% la capacidad total de las cárceles.
