Aníbal Fernández asumió como abogado de los dueños del Grupo Indalo y afirmó: “Me sumé al equipo porque lo que están haciendo con Cristóbal López y con Fabián de Sousa es una catástrofe. Aquel Estado asesino que significó la dictadura, hoy se ha convertido en un Estado ladrón que mete preso a dos empresarios sin ninguna razón para quedarse con su patrimonio”.

El ex jefe de Gabinete también dijo que integrará parte del equipo que defiende a los ejecutivos porque “a los amigos no se los deja solos” y recordó que “desde marzo del 2016” tiene “el estudio abierto” donde sigue diferentes causas, excepto las vinculadas a temas “laborales y penales”.

En tanto, el abogado de López y de Sousa en las causas penales seguirá siendo Carlos Beraldi, quien se encuentra trabajando en los escritos que presentará ante Casación con el objetivo de llegar hasta la Corte Suprema para exigir la libertad de sus defendidos. 

En los últimos días, Fernández visitó a López en el penal de Ezeiza, y a de Sousa en Marcos Paz. El 16 de Marzo pasado los empresarios habían sido liberados, tras un fallo de la Cámara Federal que ordenó revocar la prisión preventiva por considerar que esa medida no ponía en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo. 

Sin embargo, el viernes 27 de abril, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, los empresarios volvieron a ser detenidos en el marco de la causa en la que se los investiga por haber retenido 8.000 millones de pesos de impuesto a los combustibles que cobraron a través de Oil Combustibles pero no rindieron a la AFIP.

Los camaristas Gustavo Hornos y Eduardo Riggi ordenaron detener a López y De Sousa tras considerar que el delito es “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública” y no “apropiación indebida de tributos”, como había entendido la Cámara Federal.