El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva estuvo a punto de ser trasladado a una cárcel de San Pablo que aloja a asesinos, pedófilos y violadores, pero la mudanza fue suspendida a último momento por el mayoritario voto de los jueces que integran el máximo tribunal del país.

La mudanza de Lula, quien desde abril de 2018 cumple una condena de ocho años y 10 meses de prisión bajo cargos de corrupción en la sede de la Policía Federal de Curitiba, había sido ordenada más temprano por la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos.

Pero a última hora de la tarde, con el voto de nueve de sus 10 miembros, el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil dejó la orden sin efecto hasta tanto se resuelva un pedido de hábeas corpus presentado por los abogados defensores del ex mandatario.

A la decisión del traslado tomada por Lebbos le siguió otra resolución del juez Paulo Sorci que estableció que Lula debería pasar a completar su condena en el complejo II del presidio de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, donde están algunos de los reclusos más mediáticos de Brasil por resonantes causas de pedofilia, violación o asesinato de niños.

• La decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que no establecía fecha de traslado, había sido tomada con la oposición de la fiscalía y la defensa, a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo del ex juez Moro.
• Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión en el marco del caso Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla. 

Al momento de la detención, el ex presidente lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios que finalmente ganó Jair Bolsonaro.

Por haber sido jefe del Estado, Lula puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada pero que ella no ha tenido en cuenta.

Desde el 7 de abril de 2018 se encuentra una vigilia con manifestantes en la puerta de la Policía Federal de Curitiba.

Escándalo por los chats entre Moro y un fiscal

Recientes filtraciones de conversaciones vedadas por ley entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo habilitan la acusación de la existencia de maniobras para condenar a Lula, en la que admiten la falta de certezas de la acusación.

Lula sostiene que es un preso político y su defensa había pedido su liberación a la Corte Suprema, que aún debe juzgar un recurso para permitirle una prisión domicilaria.

"Lula ni debería estar preso porque es inocente y fue condenado por una farsa, ya que en la sentencia el propio Moro dijo que no hubo desvíos de Petrobras en el caso", sostuvo el PT en un comunicado.

El abogado Cristiano Zanin Martins dijo que la jueza Lebbos negó que Lula, en cuanto ex presidente, pueda cumplir pena en un predio militar o policial.

La orden de la jueza de Curitiba, por un pedido de la Policía Federal, determina que Lula puede ser enviado a un presidio común, a una celda colectiva que sea determinada por un juez de Sao Paulo.

El habeas corpus para suspender la decisión apunta a la supuesta falta de imparcialidad de Moro cuando era juez y a la anulación de la condena confirmada en tres instancias.

El Partido de los Trabajadores acusó a la jueza Lebbos de actuar ilegalmente al negarle a Lula una sede diferenciada por haber sido el jefe de las Fuerzas Armadas durante su presidencia, tal como lo establece el código penal.

Dos horas después del fallo de Lebos, el juez paulista Paulo Sorci falló que Lula debe ir al presidio de la ciudad de Tremembé, en el interior del estado de Sao Paulo, conocido por albergar allí a presos de homicidio de casos famosos.

Le preparó una celda con baño y con un régimen para tener contacto con los presos comunes en el patio y en los comedores. Por el momento, ese traslado no se concretará, tras la intervención del Superior Tribunal de Justicia.