La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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En tanto, el ex jardinero Armando Gómez fue sentenciado a 18 años de prisión.
Para seguir en vivo la lectura de la sentencia:
Las sentencias de este lunes son el capítulo final de una saga horrorosa que despertó expectativa internacional. Ocurrió en Mendoza, y el escenario fue la sede del Instituto Próvolo, un enorme edificio ubicado en Luján de Cuyo, en la periferia del área metropolitana. Un lugar, en teoría, gestionado por la Iglesia Católica; aunque lleno de pasadizos, sótanos y habitaciones “secretas”. Entre esas paredes sobrevivían decenas de chicos hipoacúsicos, a los que no se les enseñaba lenguaje de señas pero sí se los abusaba y corrompía.
En 2016 una víctima rompió el silencio. Le siguieron decenas de testigos
En noviembre de 2016, una de las víctimas decidió romper el silencio. De a poco aparecieron otros testimonios. Tantos, que la investigación debió dividirse en tres causas, para evaluar las responsabilidades de una docena de acusados. Se los sindica como autores materiales, partícipes y encubridores: una verdadera estructura institucional al servicio de los abusos.
La primera condena llegó en 2018, cuando Jorge Bordón, ex empleado del Instituto, fue sentenciado –tras un juicio abreviado- a 10 años de prisión.
Luego vino lo que muchos consideran el “juicio central”, que involucra a los sacerdotes Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61) y al jardinero Armando Gómez (51). A lo largo de 49 jornadas, los testimonios de las víctimas –guardados en 22 DVD- se repiten como en una densa pesadilla. Hoy, por fin, se conocieron las sentencias.
Nació en Verona (Italia) y es sacerdote. Ya en su país había sido acusado por abusos, pero las víctimas dicen que aunque esa información llegó al papado, la Iglesia no hizo nada. Es más: sostienen que aunque la institución sabía que el hombre era un pedófilo confirmado, lo pusieron al frente de un instituto donde vivían niños con problemas para comunicarse.
En Italia lo denunciaron, pero Corradi siguió en su puesto
Ya en 2009, las víctimas italianas empezaron a hablar, y aún así Corradi -señalado como uno de los criminales en el Instituto Próvolo de Italia- siguió en su puesto.
Se lo acusa de 5 hechos. Se lo denunció por abuso sexual gravemente ultrajante con su rol de cura y cuidador como agravantes, a lo que se añade que sus víctimas eran menores. En ocasiones, los vejámenes se realizaban entre dos o más personas. Como si esto fuera poco, se lo sindica como corruptor y partícipe necesario en abusos sexuales con acceso carnal.
Actualmente está sordo y en una silla de ruedas. Por su edad, de ser condenado, podría acceder a la prisión domiciliaria.
Sacerdote. Es el principal acusado por los aberrantes hechos que denuncian los testigos.
Corbacho no solo habría concretado numerosos crímenes, sino que también intercambiaba cartas con otros religiosos, en las que bromeaba sobre la actividad sexual permanente que se concretaba en el Instituto, con menciones al alcohol y a diferentes prácticas.
La mayoría de los abusos se cometían los sábados, porque ese día quedaban solo "los chicos sin familia"
Su metodología era bastante refinada. De acuerdo con los testimonios, la mayoría de los abusos se producían los sábados, porque ese día había menos movimiento en las instalaciones, y solo quedaban en el Instituto los chicos "que no tenían familia". Cuando eso ocurría, se obligaba a los niños a quitarse los audífonos a la hora de irse a dormir, para que no escucharan los gritos de sus compañeros.
A Corbacho se lo acusa de 26 hechos. Entre ellos, corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, con el agravante de que las víctimas eran menores y él era sacerdote (y por lo tanto estaba a cargo del cuidado de los niños). Pero esos no son los únicos agravantes: en ocasiones los abusos se cometieron entre 2 o más personas.
Jardinero. Es sordo y -dice su defensa- también analfabeto. Se lo acusa de 4 hechos: corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal agravado porque se cometió por dos personas.
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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