Próximo a cumplirse los tres meses de las protestas sociales en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó su intención de solicitar al Ministerio de Salud y a Carabineros la investigación sobre el químico utilizado desde los carros hidrantes de la fuerza de orden en la represión dirigida sobre las manifestaciones del fin de semana último.

Tras las demandas de varias personas que presentaron cuadros de quemaduras, ahogo y reacciones alérgicas, se planteó tanto al Ministerio de Salud como a Carabineros que "se informe cuál es la composición de este elemento disuasivo”, que también provocó complicaciones respiratorias a los allí presentes.

Esto no es nuevo, de hecho, el pasado 16 de diciembre, el Movimiento Salud en Resistencia de Chile había presentado un estudio en el que se denunció que entre los componentes utilizados en el agua lanzada por los camiones cisterna de los antidisturbios de Carabineros se observaba soda cáustica y gas pimienta.

En aquella oportunidad, el estudio se realizó en colaboración con el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, luego de que se detectaran varios casos de pacientes afectados con los mismos síntomas marcados en las últimas jornadas. 

Nuevas leyes 

Por su parte, buscando que el pulso legislativo del país continúe en agenda, el Senado chileno aprobó la ley que se conoce como antisaqueo, impulsada tras los desórdenes públicos vividos durante las manifestaciones que estallaron en octubre del año pasado.

El instrumento legal es considerado por la oposición como “un pretexto para crear un marco legal” desde el cual se busca “sancionar y evitar cualquier forma de manifestación social”. 

El proyecto de ley, que tendrá que ser ratificado en el Congreso, no ha sufrido cambios desde que fue presentado y aprobado en el Senado y con él se busca incluir un nuevo artículo en el Código Penal.

El mismo procurará sancionar de manera especial los delitos de saqueo con hasta cinco años de cárcel, entre otras cuestiones. La ley define además como delitos la construcción de barricadas, la obstrucción al tránsito y el lanzamiento de objetos contundentes.

“La democracia tiene no solamente el deber, tiene la obligación de defenderse de enemigos como son aquellos que usan la violencia contra la sociedad”, había precisado Piñera en la presentación de este y otras iniciativas. 

Tras conocerse el respaldo de la Cámara Alta, el mandatario que continúa haciendo historia con sus niveles de desaprobación, planteó desde sus redes sociales: “Valoro acuerdo que permitió aprobación de necesaria Ley antisaqueos, encapuchados y barricadas hoy en el Senado. Recuperar la seguridad de las familias y la paz social requiere una fuerte voluntad de nuestros parlamentarios y un compromiso con la paz que debe convocarnos a todos”.

Con este contexto político es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile ya confirmó un acumulado (al 31 de diciembre de 2019) de 9589 detenidos, 3583 heridos, 137 querellas por violencia sexual y 777 por torturas y tratos crueles.