La noticia fue confirmada por el portavoz militar hutí Yahya Saree.
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Actualidad -
Chubut afronta una escena aumentada de la crisis nacional, con un gobierno provincial en jaque, las calles sitiadas y el Estado virtualmente paralizado desde hace semanas.
Hospitales y tribunales funcionan solo ante emergencias, mientras que hace diez semanas que no hay clases y los docentes llevan adelantes las marchas más efusivas, que extendieron las fronteras provinciales y llegaron a la Capital Federal.
El gobernador Mariano Arcioni tomó el gobierno de Chubut tras la muerte de Mario Das Neves, en 2017. A mediados de este 2019 se alzó con la victoria y consiguió una nueva reelección. Y después estalló todo.
La crisis nacional, sumada a la impericia del gobierno provincial que cambió decenas de ministros en los últimos años, con cuatro en Economía y Educación, tres al responsable de Obra Pública y una al ministro Coordinador, provocaron un rojo en las cuentas públicas que llevó a Arcioni a anunciar un pago escalonado de sueldos que ni siquiera pudo cumplir.
Asimismo, el Estado es el principal empleador de la provincia con 46.000 empleados y 17.000 jubilados. La provincia tiene una deuda de $ 43.000 millones que busca renegociar. Le pidió al gobierno nacional un adelanto de los fondos coparticipables.
El Ejecutivo explicó que envió los fondos estipulados, pero Arcioni lo responsabilizó por la crisis.
El congelamiento
La decisión oficial de congelar los precios de los combustibles impactaron de lleno a la provincia, ya que el negocio petrolero es uno de los que más divisas deja. Según calculó el gobierno provincial, podría perder alrededor de 2 mil millones de pesos .
Los números actuales indican que Chubut tiene actualmente un 35,3% de pobreza y una desocupación de 12,3%.
Polémica por los aumentos
En este marco crítico, Mariano Arcioni envió a la Legislatura provincial un proyecto para aumentarse 100% su sueldo, 75% el del vicegobernador y así de forma escalonada para el resto de los funcionarios.
También incluye para el mandatario la percepción de un "adicional remunerativo y no bonificable sin incidencia en el cálculo de otros conceptos adicionales, equivalente a 22% del salario básico establecido.
De esta manera, por ejemplo, el gobernador pasaría de cobrar un sueldo bruto actual de $ 84.137 a $ 384.291 si se aprueba la iniciativa. Es decir, un incremento del 456%.
