Eduardo Freiler, camarista y juez federal, fue destituido esta mañana luego de enfrentar un juicio político por mal desempeño en sus funciones. 

El Consejo de la Magistratura resolvió desplazarlo de su cargo "por haber incurrido en la causal constitucional de mal desempeño" y, tras someter la decisión a votación, obtuvo 5 votos a favor, una disidencia parcial (Raúl Lucilo Piaggio) y una disidencia total (Diana Conti).

Acusado de manejarse irregularmente en sus funciones, de acuerdo al veredicto, Freiler es incapaz de justificar su patrimonio, valuado en unos $ 20 millones, que incluye una mansión frente a la Quinta de Olivos, una moto de agua, autos de colección y hasta 64 viajes al exterior.

Según las propias palabras utilizadas en el fallo que derivó en la destitución del magistrado, el acusado "incumplió en forma reiterada y sistemática sus deberes" y "no puede justificar sus ingresos, por lo que "debe cesar en el cargo de juez federal que actualmente ostenta".

Las repercusiones

El diputado Pablo Tonelli y el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, actuaron en carácter de fiscal en este jury y se mostraron muy satisfechos con el veredicto final.

"Estamos muy satisfechos con la sentencia, nos resulta auspicioso haber logrado el apartamiento del Poder Judicial de la Nación a alguien que consideramos claramente como un corrupto", declaró Tonelli ante los medios. 

El representante del PRO en la Cámara Baja también aclaró que Freiler, tras su desplazamiento, no será beneficiado con la jubilación característica que perciben los altos jueces de la Nación: "La destitución implica la imposibilidad de cobrar la jubilación especial del Poder Judicial", detalló.

Por otro lado, agregó que "el único efecto" que tiene esta sentencia "es apartarlo del cargo", disipando toda relación con una causa penal. "Aquí se analizó la responsabilidad política", especificó.

La otra parte de la acusación consideró que "se ha cumplido con la función institucional" y que "es un ejemplo para la ciudadanía" en lo que, para él, ha sido "un juicio político ejemplar".

"Han cumplido con el rol institucional que corresponde, es una señal de institucionalidad", sentenció Piedecasas.

Ahora, solo resta esperar la confirmación de la Corte Suprema, lo que, gracias a la solidez y contundencia de las pruebas, según los involucrados en la causa, no será ningún problema.