La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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El pasado 5 de enero, las oficinas del Departamento Central de la Policía Federal vivieron momentos de alta tensión, luego de que se descubrieran dispositivos explosivos debajo de una unidad, que contenían un mensaje enviado (supuestamente) desde el Partido Obrero, pidiendo la liberación de los detenidos durante los disturbios del 18 de diciembre.
Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad informó el procesamiento de una sola persona, identificada como Claudio Martín Kusy, conocido como "El Pola", de 40 años, que quedó bajo custodia en prisión preventiva por orden del juez federal Sebastián Ramos.
"P.O. Partido Obrero. Libertad a los arrestados en Congreso o los ataques seguirán", decía el texto encontrado junto con las bombas caseras, compuestas de elementos de relojería, aerosoles de butano, un caño de cartón y una chapa de bronce, en donde se leía dicha frase, que generó fuertes cruces políticos.
Automáticamente después de que se diera a conocer la información, desde el propio partido opositor salieron a negar los hechos y manifestaron que desde que la existencia de la agrupación hace 50 años, jamás estuvieron involucrados en este tipo de amenazas y agresiones.
El juez federal Sebastián Ramos dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de Claudio Martín Kusy uno de los que colocó la bomba en el Departamento Central de la @PFAOficial . En la Argentina democratica no hay lugar para los violentos, y el que las hace las paga. pic.twitter.com/DAM1RNnI05
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 19 de enero de 2018
Tras saber el nombre, el PO negó cualquier tipo de relación. "No sólo no es del Partido Obrero sino que nosotros queremos ser parte de la causa porque se ha invocado nuestro nombre maliciosamente. No descartamos que se investigue al mismo Gobierno y a la Policía Federal", informaron.
Esto se posa sobre las palabras de la ministra Patricia Bullrich, que calificó este acto como violencia política, lo que generó el fuerte rechazo y criticas al estado por la fuerte acusación sin ningún tipo de confirmación sobre la procedencia del supuesto ataque. "En la Argentina democrática no hay lugar para los violentos, y el que las hace las paga", escribió la ministra.
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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