Este lunes, el Gobierno denunció penalmente a varias empresas fintech que prestan servicio de créditos no bancarios por estafa, usura crediticia y violación de datos personales en bases de datos públicas o privadas. Los mayores damnificados, según detallaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, son jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Fintech (por Financial Technology) es la denominación utilizada para referirse a las empresas que prestan servicios financieros por medios tecnológicos, dispuestos al público a través de internet. 

Las denuncias fueron realizadas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Las empresas fueron sumariadas por conductas abusivas o fraudulentas por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores por el incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor.

"Había diversos tipos de actos; había numerosos débitos automáticos en personas que no habían aceptado ningún crédito; o le prometían un crédito y cobraban gastos administrativos; y además había cambios de contratos, y todo en un marco de tasas usurarias que llegaban al 1.500%; que además atacan más a poblaciones vulnerables”, explicó Paula Español, secretaria de Comercio Interior.

Las compañías denunciadas son: Smart Cash, Punto Click, Patagonia Cred, Efectivo Urgente y Wenance, que en el mercado local trabaja con las marcas Welp y Mango. Esta última empresa, según la información de su web, cuenta con 80.000 clientes activos en la Argentina y 200.000 créditos administrados por $3.200 millones.

Wenance anunció que ofrecería a partir de abril préstamos online para jubilados y monotributistas. En el caso de jubilados, los créditos podían ser de hasta $50.000 en 12 cuotas, con tasas desde 100%. Y para monotributistas, $95.000 como máximo en 12 cuotas con tasas desde 120% anual. El proceso para acceder al crédito fue anunciado como 100% digital, sin necesidad de firmar documentación física.

"A jubilados y beneficiarios de la AUH se les adjudican contrataciones que nunca solicitaron. También, debido a la exposición de datos web de venta online, muchos consumidores denunciaron ser adjudicatarios de créditos que no requirieron”, explicaron desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

Las denuncias explican que estas empresas además realizaron débitos indebidos en cajas de ahorros y cuentas corrientes y cobraron por sellados, carpetas o gastos administrativos que no corresponden. En muchos casos, aplicaban tasas abusivas que llegan a superar el 1.500%+IVA de Costo Financiero Total (CFT).

Sobre finales del mes de febrero, el Banco Central (BCRA) dispuso una regulación que prohíbe a las empresas cobrar las cuotas de los préstamos a través de un débito en la cuenta del cliente. Ese era uno de los principales instrumentos de cobro que tenían las compañías fintech, que otorgan préstamos online por afuera del sistema bancario tradicional.

“Incurren en incumplimiento o en cambios unilaterales de los contratos, modifican las condiciones de pago y en su mayoría se basan en la falta de información a los consumidores relativa a los créditos, montos, intereses y el cálculo del valor de las cuotas”, aseguraron las fuentes oficiales. Estas empresas, además, se presentan a los clientes con el aval de organismos públicos, como la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el Banco Central, lo que es falso en gran parte de los casos.

“Wenance hizo sólo una prueba de 10 días, en abril, de préstamos a jubilados y pensionados. No es nuestro target. Entendíamos que el sistema no estaba otorgándole créditos a este segmento. Las tasas de ninguna manera fueron usurarias: un promedio de 120%. Nunca hubo débitos, los vencimientos son en mayo y de pago voluntario”, declaró Alejandro Muszak, CEO y fundador de Wenance. “Cuando vimos que el Gobierno y el sector público volvieron a dar créditos, desistimos. Siempre estuvimos acorde con la ley y en regla con el sistema bancario”, agregó.

La investigación fue realizada por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, en colaboración con otros organismos como el Banco Central y la Inspección General de Justicia (IGJ). Esos organismos identificaron presuntas defraudaciones masivas o incumplimientos reiterados y generalizados, activaron el sumario y luego se realizaron las denuncias penales.

Como respuesta a la denuncia, la Cámara Argentina de Fintech emitió un comunicado en el que destacó que la entidad “se opone enérgicamente a cualquier tipo de modalidad fraudulenta y repudia de forma rotunda las prácticas que puedan atentar contra la ley y contra los usuarios”.

“En este sentido, y en relación a la cobranza electrónica de créditos en particular, formalizamos un Código de Buenas Prácticas en relación al uso del débito directo que fue propuesto a las autoridades pertinentes a mediados del mes de marzo”, agregó la Cámara.

En el mismo sentido, la entidad que reúne a más de 250 fintech de todo el país destacó que el sector “está comprometido con la inclusión financiera real, eficiente y transparente de toda la población, sobre todo aquella de menores recursos” y puso como prueba de eso “la gran adhesión y el continuo crecimiento que los servicios” que prestan, en particular en el contexto de la cuarentena.