Este lunes, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó y giró a Diputados el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deben contar con aval parlamentario.

La iniciativa recibió 65 votos favorables y una abstención, y contó con el apoyo de todos los bloques parlamentarios, tanto del Frente de Todos y de sus aliados, como del interbloque opositor de Juntos por el Cambio. La única abstención provino de un habitual aliado del oficialismo: el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

El proyecto determina que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

De esta forma, establece que toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho “porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”. En el artículo segundo dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley” del Congreso “que lo apruebe expresamente”.

Al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, los senadores del oficialismo le agregaron un artículo -el tercero- en el que se establece que las divisas que ingresen al país como parte de un acuerdo de crédito no podrán ser utilizadas para gastos corrientes.

La aprobación del Senado -y el inmediato envío del proyecto a Diputados- se produce en momentos en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en plena negociación para alcanzar un nuevo programa financiero por la deuda de US$ 44.000 millones de dólares.