Matías Roby y Francisco Pérez eran amigos. Quizá por eso “Paco” lo convocó a formar parte de su gobierno cuando le tocó llevar el timón de la provincia. Lo que seguramente no anticipó es que Roby terminaría acusado de fraude contra el Estado, arriesgando una condena que podría ir de 2 a 5 años de prisión.

El delito ocurrió antes de que Roby se integrara al gobierno de Pérez

A Roby se le adjudica haber cobrado sus haberes durante un año sin haber ido a trabajar. El médico habría faltado a sus compromisos laborales durante nada menos que 171 días entre agosto de 2008 y septiembre de 2009.

Vale aclarar que el delito no ocurrió cuando Roby era ministro de Salud del gobierno de Pérez. Los hechos se vinculan con un puesto de planta que el médico deportólogo tenía previamente en el Centro Emilio Coni, que funciona bajo la órbita estatal. Eran los tiempos de Celso Jaque en la gobernación, y Roby estaba contratado por la Secretaría de Deportes que conducía Beatriz Barbera.

La causa

 

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) denunció a Roby luego de haber realizado un sumario administrativo. De acuerdo a la acusación, el médico faltó al trabajo durante un año. Ante este inconveniente Barbera pidió que Roby no siguiera en su dependencia y se abrió el sumario, que no tuvo mayores consecuencias para él.

De todos modos, sorprende que con semejantes antecedentes Paco Pérez le otorgara el Ministerio de Salud a Roby en enero de 2014. Durante su experiencia en esa función, que duró hasta febrero de 2015, el médico se hizo de no pocos enemigos.

"El ex funcionario no dejó de percibir el salario de ningún mes" (Lucas Fallet y Carlos Varela Álvarez, abogados de Ampros)

Ahora, agotada la opción del sumario administrativo por aquella seguidilla de faltazos, llegó la instancia penal. El 7 de octubre pasado se inició un juicio oral, con declaraciones de testigos, aportes de la fiscalía, etc.

Para Lucas Fallet y Carlos Varela Álvarez, los abogados de Ampros, “ha quedado acreditado con los bonos de sueldo que el ex funcionario no ha dejado de percibir el salario absolutamente de ningún mes, desde 1994 a la fecha; y que por otro lado su débito laboral ha sido en ocasiones plagado de irregularidades y en otras directamente indemostrable”.

Si es declarado culpable, Roby enfrenta una pena de entre 2 y 5 años de prisión. Por otro lado está la instancia civil del proceso legal, donde se establecerá si Roby debe devolver al erario público lo que cobró de más, si ese ha sido el caso.