Amado Boudou se encuentra promediando su tercer mes preso como resultado de la condena dictada en su contra a cinco años y diez meses por la causa Ciccone.

En el transcurso de este proceso, y mientras espera revocar esta sentencia en instancias superiores, el ex funcionario se prepara para enfrentar el juicio por sospechas en la compra de autos a una concesionaria así como por la falsificación de la documentación de uno de los mismos.

A este escenario se está por sumar un juicio oral solicitado por parte del fiscal Jorge Di Lello hacia el juez Ariel Lijo. ¿De qué se lo acusa? La caratula responde a malversación de fondos públicos en la rendición de cuentas sobre los viajes que realizó cuando fue ministro de Economía.

En el pedido del fiscal Di Lello se encuentran a su vez implicados el ex secretario privado de Boudou, Héctor Romano, así como quien fuera el jefe de Gabinete de Economía, Guido Forcieri, este último también condenado en la causa Ciccone a la pena de dos años y medio de prisión.

En escenario de indagatoria, Amado Boudou afirmó desconocer las facturas que implicaría la malversación de fondos en cuestión,  contemplando que no era responsabilidad suya ocuparse de cuestiones logísticas.

El ex vicepresidente sostuvo: “No estoy diciendo que exista el hecho que se me imputa, sino simplemente que aún en el improbable caso de ser cierto, yo soy ajeno al mismo, ya que existe una estructura de confianza administrativa, como en cualquier ente u órgano".

En último término restará conocer las consideraciones del juez Lijo y su decisión de elevar o no la causa a juicio oral. De ser así, el tratamiento se incorporaría a la investigación por los papeles del auto en cuestión.