El pasado jueves fracasó el intento de realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de prorrogar la Ley de Biocombustibles. 

El apuro y la improvisación de los legisladores convocantes, pertenecientes a Juntos por el Cambio y sectores peronistas referenciados en la zona centro del país, se debe a que la normativa perderá vigencia el próximo 12 de mayo, una vez cumplidos 15 años desde su sanción.

La Ley impulsada por el expresidente Néstor Kirchner establece un régimen de fomento para la industria de los biocombustibles. El sector obtiene beneficios impositivos, precios regulados y cupos. Así, garantiza mercados a sus empresas: establece un porcentaje de corte de biodiesel en el gasoil del 10% y del bioetanol en las naftas del 12%.

Cambios

El apuro de los legisladores por prorrogar este esquema es una respuesta a la intención del oficialismo de modificarlo. En los últimos días circuló un borrador del nuevo proyecto de Ley, que cambia los porcentajes de corte en los combustibles: reduce al 5% del biodiesel en el gasoil y al 10% del bioetanol en las naftas.

El futuro de la legislación es clave para nuestra estructura productiva, y tiene por detrás un choque entre dos de los sectores económicos más poderosos del país. De esta forma, el sector agroindustrial compite con el petrolero por el negocio de los combustibles. 

El cambio en las “reglas de juego” que propone el Gobierno se entiende en el marco del elevado costo fiscal que implica sostener el esquema actual. Se estima que el sistema tuvo un costo de US$6.000 millones en impuestos no recaudados y unos US$1.400 millones en pérdidas de ingresos por exportaciones de granos que no se realizaron.

Avanzar hacia un recorte del gasto es un objetivo explícito del ejecutivo nacional, en momentos donde intenta achicar el déficit fiscal mientras negocia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 

Cerealeras

Pero también está en discusión la eficiencia del esquema. El borrador del nuevo proyecto presentado en Comisión el pasado lunes por el diputado Marcos Cleri recorta o elimina (según el caso) el peso de las grandes empresas del sector en el reparto de los cupos de corte para la mezcla de naftas y gasoil destinados a la distribución interna. 

El legislador del Frente de Todos señaló que, del total de las toneladas de aceite de soja producidas, 5.000 se usan para el biodiesel y 1.250 quedan para las grandes exportadoras. “Muchos han utilizado el régimen para maximizar sus ganancias”, advirtió en referencia a las cerealeras.

La amenaza motiva las presiones de los grandes jugadores como Dreyfus y Cargill para prorrogar el esquema actual. Mantener el régimen de promoción garantiza un menor pago de impuestos para las cerealeras, quienes son acusadas por el oficialismo de triangular parte de sus exportaciones de aceite de soja, haciéndolas pasar por biodiesel en las declaraciones juradas.

El propio Cleri denunció que “desde 2016, por un convenio especial con la Unión Europea y una asociación las 7 grandes exportadoras venden a través de Holanda, Bélgica y un 30% en Malta. Y cuando uno averigua cuánto biocombustible se usa en Malta, se entera que hay un paraíso fiscal”.

Los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario confirman las sospechas del diputado: en 2019, Malta fue el segundo destino de exportación de biodiesel argentino con 90.000 toneladas, representando el 16% del total de las ventas al exterior durante ese período, y del 14% en 2017. La isla tiene sólo 500.000 habitantes.

En este sentido, el borrador elaborado por el bloque de Diputados presidido por Máximo Kirchner apunta a diferenciar entre pequeñas y grandes empresas. La propuesta reserva a las pymes la provisión de biocombustibles para el corte de naftas y gasoil que se despacha localmente, impidiendo a las grandes cerealeras acaparar el mercado interno.

De esta forma, Cleri anunció el pasado lunes que “con el proyecto conversado, de las 55 plantas, 47 están incorporadas en el nuevo régimen”.

La disputa entre oficialistas y opositores, e incluso hacia dentro de los bloques, reflota una herramienta discursiva recurrente a la hora de discutir políticas económicas que afecten los intereses de ciertos sectores.

Los grandes jugadores buscan proteger sus negocios con un discurso basado en la “defensa de las pymes”. La contradicción discursiva llega a un límite en este caso, que puede ayudar a explicar el fracaso de la sesión especial, ya que la modificación del proyecto apunta expresamente a sostener a las pymes del sector, a costa de las cerealeras.

Acusaciones cruzadas

La cuestión ambiental es otro de los ejes donde el agronegocio defiende el régimen actual. Bajo la bandera de una “transición energética” que supere gradualmente al extractivismo, plantean avanzar incluso hacia mayores porcentajes de cortes en los combustibles, como ocurre en Brasil (27,5% de corte de bioetanol).

En este sentido, advierten que reducir este porcentaje atentaría contra el acuerdo de París para detener el cambio climático, ya que elevar la producción de combustibles fósiles elevaría la emisión de gases de efecto invernadero.

En la vereda de enfrente, desde las provincias petroleras responden que Argentina tiene denuncias por dumping en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por subsidiar una industria competitiva como la de biocombustibles. 

Además, el Gobierno afirma que el contexto alcista en las cotizaciones en el mercado internacional de la soja, el maíz y sus derivados elevaría los precios de los combustibles en los surtidores. La discusión se da luego del anuncio de YPF de aumentar un 18% sus valores entre marzo, abril y mayo.

A pesar de las críticas económicas o ambientales, el Gobierno se juega a explotar al máximo las actividades extractivas. Ya sea mediante la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta o la expansión de la minería en el territorio nacional, el ejecutivo apuesta fuerte a sectores con potencial exportador en el corto plazo.

Para el oficialismo, la preferencia se explica por la necesidad de dólares para hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. Pero además para impulsar la producción de gas frente a la posibilidad de tener que recurrir a su importación durante este invierno, a costa de divisas. 

Finalmente, la competencia entre gigantes por el reparto de ganancias no se da en el mercado, sino en la Cámara de Diputados. Esto se debe a que estamos frente a dos sectores fuertemente regulados, que basan su negocio en el auxilio del Estado para obtener beneficios. 

Así como las empresas de biocombustibles crecieron bajo el régimen de exenciones fiscales, cupos y precios regulados de la Ley mencionada anteriormente; la producción de hidrocarburos es subsidiada a través del Plan Gas y las facilidades impositivas que rigen en Vaca Muerta.

El lobby y las acusaciones cruzadas se tensarán conforme se acerque la fecha de caducidad de la Ley de Biocombustibles, el próximo 12 de mayo.