No es por azar: en octubre vence la actual concesión del Casino de la Ciudad de San Rafael y hasta ahora todo indica que el lugar cerrará sus puertas. Son 80 las familias que podrían quedar “en la calle”. Por eso sus trabajadores están concretando medidas de protesta para salvar los puestos laborales.

El martes, los representantes de Juegos de Azar y Gastronómicos se acercaron -en el marco de una movilización- a las autoridades y a diferentes bloques del parlamento mendocino para explicar la situación que afrontan los empleados. 

¨Queremos advertir sobre el problema social que causará la decisión del Instituto de Loterías provincial, al no llamar a una nueva licitación ni extender la actual en el marco de la crisis que vive el país. Son ochenta familias las que se quedan en la calle, y parece que al gobierno eso no lo conmueve¨, anticipó Ariel Fassione, secretario gremial de Aleara.

Hasta el momento, el gobierno no ha dado el brazo a torcer. Para la administración Cornejo, achicar el peso que tiene “el juego” en la economía provincial -sobre todo en aquellos casos en los que hay participación del Estado- es desde hace años una bandera. 

En ese sentido, Fassione sostuvo que “esa postura se tomó hace mucho, cuando la situación del país era diferente. Hoy el panorama es más problemático que en ese entonces y -para ser sinceros- esta gestión no ha demostrado ser capaz de crear nuevos empleos”.

Los trabajadores solicitan, además, que en caso de cierre se les ofrezca una alternativa para seguir trabajando. Ante la falta de respuestas, Fassione se mostró perplejo: ¨No entendemos que se anuncie el cierre de una fuente de trabajo genuino y regulado como un logro político, ya que con la desaparición de ese casino crecerá exponencialmente el juego clandestino”. El representante enfatizó que el cierre no se debe a una supuesta lucha contra la ludopatía sino que es “una decisión política”.