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Prevista para las 10 a través de la plataforma Zoom, se trata de la segunda ronda de indagatorias en la causa que inicialmente trató el juez Federico Villena y actualmente conduce Juan Pablo Auge.
El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, deberá prestar declaración indagatoria frente al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, quien investiga supuestas acciones de espionaje ilegal que se habrían cometido desde el organismo.
Se trata de la segunda ronda de indagatorias en la causa que primero tuvo como juez al desplazado Federico Villena, en tanto está prevista para las 10, a través de la plataforma virtual Zoom.
En el día de ayer hizo lo propio la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, quien negó al declarar ante Auge que en ese organismo haya existido una "banda de delincuentes ni una asociación ilícita" para el espionaje ilegal, aunque admitió que pudo haber habido "cuentapropismo" o "autoemprendimiento" de agentes que hayan realizado esa tarea.
Arribas y Majdalani, al igual que el ex espía Alan Ruiz, están procesados en la parte de la causa que investiga espionaje ilegal al domicilio de Cristina Kirchner y al Instituto Patria, base política del kirchnerismo.
El 26 de mayo último, la interventora de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal donde solicitó la indagatoria al ex Presidente Mauricio Macri "en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional".
La solicitada se hizo extensiva al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas y a su segunda Silvia Majdalani, ambos parte de la administración durante la administración Cambiemos.
Registrada bajo el número 2916/2020 y aludiendo a los delitos de "violación de correspondencia" y "violación del sistema informático", la denuncia marca un presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de como mínimo 80 damnificados.
"Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal", precisa la denuncia.
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