El fiscal porteño Carlos Rolero Santurian imputó a 43 madres y padres de alumnas y alumnos que tomaron ocho escuelas el año pasado, al argumentar que son "responsables" por las conductas de sus hijos, y por cuyas contravenciones pueden enfrentar multas de hasta 10 mil pesos o trabajos de utilidad pública.

La Ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, celebró la medida que marca un precedente, ya que es la primera vez que se hace una imputación penal contra padres por la conducta de sus hijos.

Sin embargo, en el ámbito estudiantil la resolución fue rechazada. "Les estudiantes secundaries nos posicionamos como sujetos de derecho, tal como indica la ley 16.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. De esa forma, nos movilizamos año a año por construir una mejor educación para todes", expresó Joaquín Santucho, Presidente del Centro de Estudiantes del Juan Pedro Esnaola y referente de la Coordinadora de Estudiantes de Base, involucrado en el conflicto. 

"Las medidas como las tomas de colegios se evitarían muy fácilmente si el Gobierno garantizara nuestros derechos. El derecho a la educación se ve vulnerado cuando faltan vacantes, no hay suficientes escuelas, las condiciones edilicias son pésimas y no se cumple la ley de Educación Sexual Integral"

Santucho pidió además "preservar la identidad de los afectados para evitar conflictos legales con sus declaraciones".

Tamara Goldzamd, ex alumna del Mariano Moreno que fue parte de las medidas cuestionadas, comentó: "La Ministra de Educación busca construir un discurso de odio cargado de mentiras. Su objetivo es que les estudiantes no luchemos por nuestro derecho a la educación pública ni desarrollemos propuestas educativas, sino que nos encontremos atemorizades por la persecución que llevan a cabo en nuestra contra".

En ese sentido se expresó también Alan Nadal, estudiante del Mariano Moreno y referente de Lobo Suelto: "es clara la intencionalidad política de la medida y el doble discurso que da la Ministra Acuña: hace un año comentaba que el protocolo en caso de tomas se aplicaría pasando la responsabilidad a padres y madres si hubiera alguna rotura o daño al establecimiento, ahora resulta que el motivo es 'impedir el ingreso a espacios públicos'".

"El Gobierno busca demonizarnos con campañas de odio y de miedo; enmarcando esta decisión en el contexto electoral".