El 16 de enero de 2012, Lucio Pablo Lorenzo se encontraba sentado en su camioneta en una calle de Los Polvorines, cuando una bala disparada directamente hacia su cabeza, terminó con su vida. El proyectil provino del arma 9 mm. de su colega y amigo, Sebastián Stroman, en un aparente intento de frustrar un robo que nunca fue comprobado. 

5 años más tarde, con las circunstancias igual de confusas, se dictó una sentencia con la que ninguna de las partes se ha mostrado satisfecha: la causa fue caratulada como "homicidio culposo", de la que Stroman fue encontrado culpable y condenado a 3 años de prisión en suspenso. En aquel entonces, el considerado por la Justicia autor del crimen, fue inhabilitado para portar armas de fuego por un período de 6 años.

El fallo, dictado por el Juzgado en lo Correccional Nro. 1 de San Martín, será apelado por ambas partes. Enrique Viego, abogado de la madre de la víctima, adelantó esta decisión, la cual imitará la defensoría, que había solicitado la absolución del acusado. Se estima que en el transcurrir de la semana se cuestionará este veredicto.

Por otro lado, los familiares de Lorenzo (que tenía 29 años al momento del asesinato) sostienen que "en la siguiente instancia se pueda torcer todo lo sucedido hasta aquí". Aseguran que existieron una serie de irregularidades en la investigación, como que Stroman continuó trabajando en la Policía Federal sin haberse tomado medida alguna.

"No se tuvieron en cuenta un montón de pruebas y sobre todo que el robo que dice que quiso evitar nunca fue comprobado", manifestó la madre de la víctima

María Teresa Argüello, madre de Lorenzo, agregó que "las pericias son claras sobre que disparó en forma directa contra mi hijo, lo mató en el acto y después destruyó su teléfono celular para borrar evidencias". Además, señaló que se sienten "defraudados por la Justicia" pero que "no bajaremos los brazos".

Los allegados del policía asesinado opinan que el rumbo de la causa debió haberse encaminado a un homicidio agravado, no culposo, lo que hubiese permitido una pena mayor de la que establece el fallo.