Una compra, una investigación y una incógnita: ¿estuvo implicada la jefa de los fiscales, la procuradora Alejandra Gils Carbó, en una transacción millonaria para la adquisición de un inmueble de oficinas? Eso es lo que trata de resolver el juzgado del juez federal Julián Ercolini, quien ayer ordenó allanamientos en cuatro edificios de la Procuración General de la Nación.

Según se investiga, el ahora suspendido Guillermo Alfredo Bellingi, funcionario que ingresó a la Procuración tras la asunción de Gils Carbó al frente del organismo, era el subdirector de Administración cuando en 2013 se adquirió por $ 43.850.000 el edificio situado en Perón 667.

La compra no se hizo a través del organismo sino de la firma Arfinsa S.A., vendedora del inmueble que, de acuerdo con la investigación, pagó $ 8 millones en concepto de comisión a la inmobiliaria, casi cinco veces más que lo habitual, y una subcomisión de $ 3 millones al productor de seguros Juan Carlos Thill, quien estaría relacionado con el ex esposo de la procuradora, Héctor Alonso.

La investigación judicial podría complicar a Gils Carbó en los pedidos de juicio político planteados contra ella en el Congreso de la Nación.

Luego de las publicaciones periodísticas sobre la investigación judicial, Gils Carbó decidió esta semana abrir un sumario interno y separar provisoriamente de su cargo a Bellingi, quien intervino en el procedimiento pese a que Thill es medio hermano suyo, según dijeron fuentes de la Procuración.

"El precio ofertado y que efectivamente fue abonado por el Ministerio Público Fiscal, de $ 43.850.000, es el correspondiente al valor del inmueble( ...). Por lo tanto, si ARFINSA SA pagó algún tipo de comisión inmobiliaria en su carácter de vendedora, ello no generó erogación alguna para el Ministerio Público Fiscal", expresó la Procuradoría a través de un comunicado.