La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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El fiscal federal Ramiro González imputó este viernes 8 de junio al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. De esta manera, busca determinar si el funcionario, como accionista de Farmacity, favoreció a la empresa como proveedora del PAMI.
La denuncia contra Quintana la hizo el abogado Daniel Igolnikov a partir de un informe periodístico que indicó que el funcionario de la Jefatura de Gabinete tenía participación en las empresas Partner S.A., la cual tiene porcentaje mayoritario de la tenencia de Farmacity, y de Pegasus S.A., ambas no declaradas tal cual lo obliga la ley.
Además, el denunciante advirtió que -de acuerdo a informes periodísticos- se cometió adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana para la habilitación de sucursales Farmacity en provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, influyó ante la Corte Suprema de Justicia para evitar problemas judiciales; sumado a una violación a las normas de competencia comercial ya que los kioscos no pueden vender medicamentos y paralelamente aquella empresa sí podía ofrecer productos típicos de ese rubro.
Ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba, como una solicitud a la Oficina Anticorrupción para que informe sobre declaraciones juradas presentadas por Quintana desde 2015 a la fecha e indique si en el organismo hay actuaciones que lo tengan en la mira a él o a la empresa Farmacity.
La Justicia federal recibió la denuncia contra Quintana para que se lo investigue por presunta incompatibilidad de funciones luego de que se difundiera en el programa periodístico de Jorge Lanata que sus acciones en Farmacity representaban un 53 por ciento en los votos, lo que le permitía mantener una fuerte incidencia en el control de la cadena de farmacias.
La denuncia recayó en el Juzgado a cargo de Lijo y fue realizada por el abogado particular, quien solicitó que se investigue un conflicto de intereses, que en realidad para el letrado es "un conflicto de capitales".
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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