Este jueves la Central de Trabajadores Argentinos, regional Mendoza, a través de su autoridad Gustavo Correa, presentó un denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos por la postergación el pago a más de 10 mil docentes y celadores

Los denunciados son Jaime Correas, titular de la Dirección General de Escuelas; Paula Allasino, ministra de Hacienda y Finanzas y Gabriel Sciola, subsecretario de Administración de la DGE.

En conferencia de prensa, Correa cuestionó que "tres días antes de la fecha de pago, las mismas personas que firmaron un acuerdo hace dos meses atrás, no cumplen con su compromiso, jugando con los bolsillos de unos once mil trabajadores y trabajadoras de la educación, que ya habían planificado su vida contando con ese dinero". 

Asimismo, destacó que el titular de la DGE, quien dejará el cargo en los próximos días "es quien anuncia que en enero realizará un pago un Gobierno del cual no formará parte". "

¿Cómo podemos confiar en una persona que no pudo cumplir lo que él mismo firmó y que ni siquiera tendrá responsabilidad en la próxima gestión?"

Por su parte, la representante legal de la CTA, Janet Maldonado, explicó que conjuntamente a las denuncias, se realizará un emplazamiento al Director General de Escuelas para cumplir con el convenio y en caso de no hacerlo, se avanzará en una acción procesal administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

"El incumplimiento de los deberes responde a que, de acuerdo a la legislación de Convenios Colectivos de Trabajo, las paritarias están equiparadas a la ley; y la malversación es porque está tipificada como delito la demora en el pago de fondos sin debida justificación", detalló la abogada.