Este lunes, la Cámara Federal decidió dar lugar a la reapertura de la causa del caso popularmente conocido como Vacunatorio VIP, que se dio en febrero de este año y provocó la renuncia de Ginés González García como ministro de Salud de la Nación.

Ahora, la jueza María Eugenia Capuchetti, que, a principios de julio, resolvió que las personas beneficiadas con la vacuna contra el COVID-19 no pertenecientes a grupos priorizados no cometieron delito, deberá indagar en la responsabilidad de los funcionarios que permitieron que dichas personas pudieran inocularse e investigar de manera penal a todos los que recibieron esas vacunas dentro del Ministerio de Salud y el Hospital Posadas.

Argumentando que las vacunas eran "un bien escaso" en la Argentina, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y, según la resolución que reveló Infobae, señalaron que "será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular".

Entre la lista de "vacunados VIP" se encuentran, además del exministro de Salud, Ginés González García y empresarios cercanos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y sus colaboradores más cercanos; el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini y su esposa; el periodista Horacio Verbitsky, quien destapó el vacunatorio VIP; el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda González y sus hijas; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el canciller Felipe Solá; el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; y el diputado Eduardo Valdés.

Dando a conocer que "no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación", Capuchetti archivó la causa. Sin embargo, el fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la unidad de la Procuración General de la Nación apeló la resolución de la jueza y presentó un dictamen con un listado de 385 vacunados que no figuraban como personal de salud y que habían sido inoculados en el Posadas sobre los cuales se debía profundizar la investigación. Ahí fue cuando los camaristas revocaron la resolución de Capuchetti y declaron admisible la apelación de Rodríguez.