La baja fue mínima con un número que en los hechos funciona como un empate técnico frente a noviembre de 2024.

Vuelve a frenar el consumo: en noviembre se cortó una racha de ocho meses de crecimiento
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La defensa de Julio De Vido pidió hoy la "inmediata libertad" del ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, luego de la audiencia que tuvo lugar por la apelación del recurso de excarcelación presentado ante la Sala I de la Cámara Federal.
Este episodio se dio en el marco de la causa que investiga presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015.
"Corresponde que se determine de manera inmediata la libertad del Sr. Diputado Nacional Julio Miguel De Vido y se restablezcan de esta manera los derechos y garantías que deben regir todo Estado de Derecho, antes de terminar de generar un descalabro jurídico que fulmine nuestro sistema tal como lo conociéramos", indicó un comunicado distribuido por los abogados del ex funcionario.
Allí advirtieron además que "los fundamentos para procesar" a De Vido se basaron en una pericia realizada por el Ing. David Cohen, "quien actualmente se encuentra imputado por falso testimonio" y remarcaron que ese estudio "no sólo fue realizado de manera individual por Cohen sino que tanto los peritos oficiales como de parte fueron impedidos de participar en la misma".
"A su vez, los informes teóricos presentes en el informe realizaddo derivaron el la ilusoria cifra millonaria que se ha venido repitiendo sin cansancio en los medios de comunicación, la cual ha sido desacreditada por gran cantidad de profesionales del rubro que ninguna relación tienen con nuestro asistido", agregaron.
En este nuevo expediente, De Vido y su ex mano derecha Roberto Baratta están acusados de haber participado en una "maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal".
A través de esa maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente 6.995 millones de dólares, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", indicó el juez federal Claudio Bonadío al pedir su desafuero y detención.

La baja fue mínima con un número que en los hechos funciona como un empate técnico frente a noviembre de 2024.
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