La denuncia que cayó por sorteo en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien a su vez delegó el expediente en el fiscal Carlos Stornelli, plantea la manipulación en la licitación de la obra correspondientes al Paseo del Bajo.  

La que en palabras de Larreta es “la obra vial más importante que encara la ciudad”, tiene hoy una denuncia donde se presume un proceso para beneficiar así a Iecsa, constructora ahora vinculada a Ángelo Calcaterra (primo de Macri).

La obra en cuestión refiere a 6,7 kilómetros que unen la autopista La Plata con la Illia, y cuyo presupuesto oficial total ha sido enmarcado en 7.663 millones de pesos.

La licitación y adjudicación del Paseo del Bajo durante 2016 fue revisada por la Auditoría porteña, que encontró múltiples irregularidades y las claves que beneficiaron a Calcaterra y Mindlin.

¿Cómo hizo Rodríguez Larreta para beneficiar al dúo Calcaterra-Mindlin? Se presumen varios puntos que van desde la decisión de modificar el orden de otorgamiento de los tramos de la obra hasta el desconocimiento de una orden de la Procuración porteña acerca de una de las empresas involucradas.

La denuncia de la PIA se basó en supuestas “anomalías” para la adjudicación “indebida mediante direccionamiento, a un mayor precio del que hubiera correspondido, del tramo más oneroso de la licitación pública internacional para la Obra del Paseo del Bajo a la empresa Iecsa”.

La denuncia menciona al jefe de gobierno Rodríguez Larreta, al ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich y al ministro de Desarrollo Urbano porteño, Franco Moccia, entre otros. 

Según las fuentes consultadas, la denuncia plantea el "haber alterado la normativa aplicable sin soporte racional de ninguna naturaleza provocando la eliminación de Corsan-Corviam en la adjudicación del tramo más caro, que fue ganado, de esta forma irregular, por Iecsa".

"Un perjuicio patrimonial a las arcas del Estado, en tanto el procedimiento indebido denunciado, habría implicado la no selección de las ofertas económicas más convenientes"

Esto último agravado por el hecho de que "Corsan Corviam había planteado ofertas a la baja, podría decirse, para asegurarse un contrato de Obra Pública que le permitiera hacer frente a su, en ese momento, crítica situación financiera".

Se suma además que la empresa Corsan Corviam se encontraba en un pésimo estado financiero lo cual significó que el Gobierno de la Ciudad no acató la orden de "verificar, antes adjudicar, la capacidad técnica y económica del contratista para cumplir con las obligaciones".

Si esto hubiera sido realizado, según la denuncia, se habría descartado a Corsan para el tramo más económico y se hubiera elegido a Iecsa, que a su vez habría quedado excluida del tramo más caro.