El detenido empresario Lázaro Báez denunció hoy ante la Justicia Federal que 3 de sus propiedades en la ciudad bonaerense de Pinamar le fueron usurpadas y luego puestas en alquiler.

Así lo notificó esta mañana su defensa en un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, quien, a su vez, maneja la causa por lavado de dinero que recae sobre el empresario.

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Preso en el penal de Ezeiza desde abril de 2016, Báez, a través de sus abogados, puso a disposición de los Tribunales Federales de Comodoro Py un documento en el que asegura haberse enterado de la situación irregular de sus inmuebles.

Las propiedades a las que hizo referencia Báez ya fueron registradas por la Justicia y tasadas a pedido del magistrado, quien ahora ordenó constatar si efectivamente las viviendas fueron intrusadas.

Éstas se encuentran a nombre de la firma Austral Atlántida, vinculada a Austral Construcciones, aquella con la cual Báez ganó renombre y fortuna como concesionario de obra pública del gobierno kirchnerista.

Las propiedades presuntamente ocupadas están domiciliadas en las calles Helades, Troya y en la Avenida Libertador, y sólo la de Troya habría sido alquilada luego de ser usurpada, según sostuvo Báez en el escrito.

A Báez se lo investiga por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI -conocida también como "La Rosadita"- con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, que habrían sido logradas a través de facturas truchas que simularon gastos en los contratos de obra pública de las empresas de Báez con el Estado nacional.

La causa, en la que hay otros 25 imputados, fue elevada a juicio oral y público el último día hábil del año pasado, pero aún no fue sorteado el Tribunal Oral que se hará cargo.