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Actualidad -
Por primera vez en su vida, Florencia y Máximo Kirchner fueron indagados ante un tribunal de Justicia esta mañana por la causa Los Sauces. Primero ella y luego su hermano, la hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner afirmó ser víctima de "una persecución política" en el escrito que presentó ante el juez federal Claudio Bonadio y pidió ser sobreseída.
"La única y verdadera causa por la que se me llama a prestar declaración indagatoria es por ser la hija de Néstor y Cristina", sostuvo Florencia. "Se me acusa de haber integrado una asociación ilícita que habría comenzado a desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo de 2003, o sea cuando sólo tenía doce años", dijo.
Bonadio le asigna a Florencia haber tomado parte en una supuesta organización delictiva desde 2003.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 3 de marzo de 2017
A los 12 años. pic.twitter.com/BTSSRiJYq8
Según Florencia Kirchner, tenedora del 50% de las acciones de Los Sauces, acusó una "persecución política" y detalló que llegó a la tenencia por una "heredera forzosa". "Mi relación con Los Sauces SA se inicia como consecuencia del episodio más triste de mi vida" dijo en referencia a la muerte de su padre Néstor Kirchner, ocurrida en 2010.
Por último, acusó de "denunciante crónica" a la diputada Margarita Stolbizer y aclaró que el departamento en el que actualmente vive, en la calle San José 1111 de la Capital Federal, ya se aportó toda la documentación.
Por su parte, el diputado nacional Máximo Kirchner negó "irregularidades" en el marco de la causa y, al igual que su hermana, también habló de una persecución "política judicial y hostigamiento mediático" contra su familia.
"Resulta evidente que están decididos a proscribir a la expresidenta de la Nación" Cristina Kirchner y acusó que los escándalos del Correo Argentino, Avianca y el caso Odebrecht que involucra al titular de la AFI, Gustavo Arribas, no "pueden ser ocultados a través de este ni cualquier expediente judicial".
El juez Bonadio investiga en la causa Los Sauces el alquiler de ciertas propiedades de la inmobiliaria de la familia Kirchner por parte de los empresarios Lázaro Baez y Cristobal López. La hipótesis es que ellos hacían una "devolución" del dinero obtenido a través de la adjudicación de la obra pública.
