La marcha contra la reforma de la ley 7.722 llegó esta mañana a la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza. Ocurre después de que el viernes, los legisladores mendocinos aprobaron modificaciones a la ley y habilitaron la actividad minera con el uso de sustancias químicas.

Bajo consignas como "No se negocia el agua de Mendoza" o "Veto, veto, veto, veto", vecinos y ambientalistas locales comenzaron ayer una marcha en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital, que concluye ahora frente a la sede del gobierno de Mendoza.

• Greenpeace alertó que "la modificación a la ley 7.722 permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia".

El ex diputado Fernando Pino Solanas y el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fueron varias de las personalidades que adhieren a las protestas conta los cambios a la ley de Minería.

Sin embargo, el secretario de Ambiente Humberto Mingorance, aseguró que "las modificaciones a la 7722 garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente ya que están reguladas por el plan de ordenamiento territorial".

Los dichos del funcionario son parte de una campaña de comunicación que se inició a pedido del gobernador radical, Rodolfo Suarez, para contrarrestar las protestas. A través de un comunicado, Ambiente insistió en que ese organismo y la "Policía Ambiental, estarán a cargo de llevar el control y el seguimiento de todo emprendimiento que pueda provocar un impacto ambiental", mientras que el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control sobre el uso del agua.

Así y todo, las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma de la ley es inconstitucional por violar los principios de no regresión ambiental y el de progresividad. Y junto con las Asambleas, irán a la Justicia y llevarán el caso a estrados internacionales.