El caso ocurrió en Las Heras y es investigado por la fiscalía de Homicidios, mientras avanzan las causas abiertas en Olivos y Corrientes.

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Tras ser detenido el pasado viernes 3 de noviembre junto al ex vicepresidente, Amado Boudou, el empresario José María Nuñez Carmona pidió esta mañana ampliar su declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo.
El íntimo amigo del también ex ministro de Economía está acusado de delito de lavado de dinero y asociación ilícita. A través de un escrito presentado por su abogado, Matías Molinero, reclamó ampliar lo dicho el día de su detención, el pasado viernes en los Tribunales de Comodoro Py.
En el escrito, Molinero se quejó de que, en la primera de las indagatorias, el juez Lijo no le hizo ninguna pregunta a su cliente y que la fiscalía estuvo ausente.
"En la nueva indagatoria mi defendido aportará toda la documentación que obre en su poder y la información necesaria para ubicar o requerir aquella que no posee", aseguró.
Núñez Carmona y Boudou fueron detenidos el viernes pasado por orden del juez Lijo en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre ambos, y al detectar que incurrieron en maniobras de lavado de dinero.
El magistrado los acusa de ser parte de una asociación ilícita que ingresó fondos a nuestro país a través de la ley de blanqueo del 2009, unos $ 4 millones y más de US$ 700 mil, y se inyectaron en empresas de las cuales Boudou tuvo alguna participación accionaria.
En paralelo, ambos son juzgados por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica en la cual se los acusa de querer apropiarse de la imprenta para luego entablar negocios con el Estado Nacional para la impresión de billetes.

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La advertencia se emitió tras los casos registrados en Neuquén, donde se investigan fallecimientos y una internación grave vinculados al consumo de la sustancia.
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Se trata del bloque de artículos que contemplaba la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad. El Presupuesto sería debatido el próximo viernes en el recinto.
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El oficialismo incluyó la derogación de la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad dentro del dictamen de Presupuesto 2026 y generó la baja de un capítulo clave para mantener el equilibrio fiscal.
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