Llegó el momento de decir ´basta´, el Gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia y del Estado de Derecho (sic). Sebastián Piñera, así como una buena parte del Senado, avanza firma en la búsqueda de profundizar la militarización del país. 

En las últimas horas, en adición a un endurecimiento de su discurso, el mandatario envió cuatro proyectos de ley vinculados a la agenda de seguridad (el primero de ellos apoyado en las últimas horas desde el Senado):

• Anti encapuchados
• Anti saqueos 
• Anti barricadas
• Para que FFAA colaboren en protección de infraestructura crítica

Es en este sentido que destaca esta última iniciativa la cual busca permitir a las Fuerzas Armadas poder colaborar con Carabineros en “puntos críticos de servicios básicos” (dentro de los que incluyó la seguridad), sin que sea necesario un decreto o declarar un Estado de Excepción. Es decir, institucionalizar que las FFAA estén en las calles. 

Pero en adición a este punto y en sintonía con la Presidenta de facto en Bolivia, Jeanine Añez (quien igualmente en las últimas horas derogó esta medida) el proyecto descansa en la figura del Jefe de Estado la facultad para eximir a las fuerzas del orden de cualquier tipo de responsabilidad penal.

“Finalmente, se define que la exención de responsabilidad penal aplicable al personal militar que defiende infraestructura crítica (legítima defensa, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente de la República por decreto supremo”, plantea el escrito presentado. 

Adicionalmente comunicó el reintegro de Carabineros y Policías de reciente retiro y de buenas calificaciones, así como la anticipación en el egreso de suboficiales y oficiales con la idea de que a partir del próximo lunes puedan contar con 2505 carabineros y policías “que se van a sumar al esfuerzo por el orden público y la seguridad ciudadana”. 

“La democracia tiene no solamente el deber, tiene la obligación de defenderse de enemigos como son aquellos que usan la violencia contra la sociedad”, precisó Piñera. 

Tras el tránsito por el Senado del proyecto anti encapuchados, el ministro de Defensa, Alberto Espina, defendió la labor del Ejército durante el estado de emergencia decretado los primeros días del estallido social, al tiempo que calificó de "injuria" el informe de Amnistía Internacional sobre violaciones a los derechos humanos.

"Sacar a los militares a la calle al control del orden público, es una decisión que significa limitar las libertades de las personas. Sobre todo una decisión compleja y difícil. Pero si es necesario, el presidente lo va a hacer", planteó Espina.

Con este contexto político es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile ya confirmó un acumulado de 24 personas fallecidas, 7259 detenidos, 2808 heridos, 79 querellas por violencia sexual y 369 por torturas.