La denuncia por irregularidades en la campaña en la provincia de Buenos Aires llevada a cabo por Cambiemos fue el caldo de cultivo para el tratamiento de una modificación en la ley que abarca el financiamiento de los partidos políticos en la Argentina.

Con tal motivo, y con las elecciones del año próximo como horizonte, es que las comisiones del Senado en Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y, Presupuesto y Hacienda, comenzó en el día de ayer el debate para su tratamiento.

De esta primera sesión formaron parte juristas de la Cámara Nacional Electoral, así como representantes de distintas ONG´S como Poder Ciudadano y CIPPEC. Se espera una serie de encuentros que culminen con la firma de un eventual dictamen.

En este sentido, el acceso a la información generó esta semana un cortocircuito entre el oficialismo y la organización Poder Ciudadano, desde donde se reprobó la negativa del Gobierno en entregar los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante la administración Macri.

Cabe recordar además que el tema había sido enviado a la Cámara de Diputados en julio de este año. El motivo por aquel entonces residió en las denuncias por aportantes truchos en la campaña de Cambiemos encabezada desde lo político por María Eugenia Vidal. 

¿Cuáles son los principales puntos que se buscan cambiar?

Uno de los puntos centrales es buscar la posibilidad de que las empresas, aquellas habilitadas por el Estado y con un tope máximo, puedan realizar aportes de campaña, algo que está prohibido desde el año 2009.

Otro punto es la bancarización de los aportes y el posterior seguimiento de los mismos, buscando así saber la identidad de cada una de las personas que decidan contribuir en lo económico. 

Otro de los lineamientos es el de tener mayor intervención de los organismos de control sobre las contribuciones y quien los hizo. Es decir, mayores auditorías y auditores que impongan sanciones más efectivas durante el transcurso del proceso electoral.

Lo cierto es que el objetivo desde el oficialismo es que el Senado le dé media sanción al proyecto antes de fin de año, buscando así que la Cámara de Diputados termine de aprobarlo por lo menos al comienzos del 2019.