La Justicia ordenó a libertad de la monja japonesa Kumiko Kosaka, acusada de participación primaria en episodios de vejámenes y corrupción de menores hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. 

El tribunal integrado por los jueces Diego Lusverti, Ariel Spektor y Eduardo Martearena analizaró en una audiencia el informe presentado por los abogados de la monja, de 43 años, quien cumplía prisión domiciliaria, y resolvieron otorgarle la liberad previo pago de una fianza que se fijó en 2 millones de pesos.

"Era una de las alternativas posibles dentro de la resolución que debía tomarse ayer, no estamos de acuerdo con la decisión del Tribunal, nos agravia", lamentó en declaraciones a medios locales Oscar Barrera, uno de los abogados de las víctimas del Próvolo.

• Kumiko está acusada por participación primaria en nueve hechos de abuso sexual y corrupción de menores en el Instituto Antonio Próvolo desde 2004 hasta 2012, periodo en que se desempeñó en el establecimiento.
• El Ministerio Publico Fiscal decidió el 15 de mayo de 2018 elevar a juicio la causa principal del Próvolo, que se inició en noviembre de 2016.
• En la que están imputados los curas Nicolás Corradi (82), Horacio Corbacho (56) y dos ex empleados, Jorge Bordón y Armando Gómez, pero aún no hay fecha para el comienzo del debate.

El letrado expresó su temor de que la monja pueda fugarse y consideró que "cualquier persona que está imputada como Kumiko en dos de los hechos que considera el Tribunal, como abuso con acceso carnal y agravado, estaría presa".

"Las circunstancias que la mantenían en prisión preventiva eran el riego procesal de fuga porque ella es una persona que no tiene arraigo en la provincia, por su nacionalidad y la posibilidad de profugarse; ese riesgo todavía sigue", insistió el abogado. 

Barrera se preguntó cómo pagará Kumiko la fianza, ya que indicó que "ella había referido, y lo volvió hacer en la audiencia, que era una religiosa con voto de pobreza y carece de dinero y patrimonio".

El defensor de Kumiko, Carlos Varela Álvarez, argumentó que no existe peligro de fuga ni la posibilidad de que la mujer entorpezca la investigación.