La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos extraordinarios presentados por las defensas de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez contra el fallo que confirmó sus procesamiento y embargos en la causa por la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz.

La Sala IV que integran los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Ana María Figueroa calificó de "inadmisibles" los recursos presentados y, de esta forma, la causa está cerca de llegar al juicio oral y público, según indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Los recursos de Casación habían sido interpuestos contra la Sala I de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento y embargo por 10 mil millones de pesos que habían sido dispuestos por el juez federal Julián Ercolini.

En la causa por la adjudicación de obras públicas se investiga a la exmandataria y al empresario detenido por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haber sido contra la administración pública. El hecho que se les adjudica es haber conformado una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Báez por más de 46 mil millones de pesos.

En esta investigación también se encuentran procesados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, ambos detenidos con prisión preventiva por otras causas.

El lunes pasado, los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la expresidente, a Báez y otros ex funcionarios de su Gobierno sean enviados a juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

El pedido fue hecho a Ercolini luego del planteo de las querellas de la causa, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), el caso pasaría a un Tribunal Oral Federal antes de fin de año.

"Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos", sostuvieron los fiscales en el requerimiento.