El caso ocurrió en Las Heras y es investigado por la fiscalía de Homicidios, mientras avanzan las causas abiertas en Olivos y Corrientes.

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Tras la caída del secretario general de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, en septiembre pasado, la seccional bahiense comenzó un proceso similar que culminaría con la detención de su cúpula.
De tres prófugos, con la captura de Sebastián Canale en la frontera con Chile y la reciente entrega de Guillermo Molina en Bahía Blanca, se pasó a sólo uno: Roberto Ríos.
Molina se presentó este lunes 15 de enero con su abogado en la Fiscalía local que lleva adelante la investigación. De corte sindicalista, había sido precandidato a concejal en las pasadas elecciones por la lista de Unidad Ciudadana, encabezada por el ex intendente Rodolfo López.
De esta forma, ya suman 13 los arrestos ejecutados en el marco de la causa que investiga la comisión de los delitos de asociación ilícita y extorsión.
Tras 19 allanamientos, Humberto Monteros, secretario general de la UOCRA local, fue detenido el jueves 11 en su casa de la localidad de Monte Hermoso, donde se hallaron más de $5 millones y US$ 130.000, en bolsas y cajas, además de drogas y armas.
Por su parte, el sábado 13, otro de los dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de Bahía Blanca que se encontraba prófugo fue detenido por Gendarmería Nacional en la provincia de Neuquén, cerca de la frontera con Chile.
Fue el Ministerio de Seguridad quien informó que se trataba de Sebastián Canale, uno de los colaboradores de Monteros.

El caso ocurrió en Las Heras y es investigado por la fiscalía de Homicidios, mientras avanzan las causas abiertas en Olivos y Corrientes.
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La advertencia se emitió tras los casos registrados en Neuquén, donde se investigan fallecimientos y una internación grave vinculados al consumo de la sustancia.
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Se trata del bloque de artículos que contemplaba la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad. El Presupuesto sería debatido el próximo viernes en el recinto.
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El oficialismo incluyó la derogación de la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad dentro del dictamen de Presupuesto 2026 y generó la baja de un capítulo clave para mantener el equilibrio fiscal.
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