En pos de desburocratizar y modernizar el Estado, este lunes 18 de junio el Gobierno promulgó 3 leyes que sustituyen al DNU impulsado en enero pasado por el presidente Mauricio Macri.

A través de su publicación en el Boletín Oficial, las iniciativas debatidas en el Congreso Nacional fueron oficializadas. ¿Qué establece cada una?

• La Ley 27.444, de "Simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Argentina", busca dinamizar el funcionamiento de las PYMES y sociedades comerciales, estimulando a su vez su crecimiento por medio de créditos y otras herramientas financieras, jurídicas y fiscales.
  Será el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor la autoridad dedicada a entregar "créditos y/o asistencia financiera a emprendimientos, instituciones de capital emprendedor y a micro, pequeñas y medianas empresas", sin que por ello deban renunciar a otros beneficios o regímenes de promoción existentes.
• La Ley 27.445, de "Simplificación y desburocratización para el desarrollo de la infraestructura", por su parte, promueve y agiliza el desarrollo de puertos, navegación y aviación civil dentro del país.
  Esta medida crea la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, atribuyéndole "las funciones de control operativo de la prestación del servicio público de navegación aérea y la coordinación y supervisión del accionar del control aéreo, con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso".
  Por otro lado, disuelve la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, dependiente de la Secretaría de Estrategia de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, y traspasa las funciones de prevención y control de tránsito en las rutas nacionales a la Gendarmería Nacional y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
• La Ley 27.446, de "Simplificación y desburocratización de la administración pública nacional", establece que "los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente" y sus variantes "tienen para el sector público nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel", a la vez que otorga nuevas herramientas y potestades a la Unidad de Información Financiera (UIF).
  Además, plantea que, cuando se trate de figuras expuestas políticamente, "deberán adoptarse medidas de debida diligencia intensificadas tendientes a establecer alertas, que permitan tomar medidas oportunas" que permitan mitigar el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, tareas inherentes a la UIF.