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Cooperativistas e integrantes de organizaciones sociales de Mar del Plata denunciaron que sufrieron el viernes 10 de junio un violento desalojo por parte de efectivos de Infantería en las dependencias de Desarrollo Social del Municipio, que mantenían tomadas desde hacía cinco días en reclamo del pago de trabajos adeudados.
En el marco del desalojo, en el que la fuerza de seguridad habría utilizado gases lacrimógenos y balas de goma, se llevaron detenidos a cuatro manifestantes y otro debió ser hospitalizado por los golpes sufridos, según indicaron los cooperativistas, que responsabilizaron del hecho al intendente Carlos Arroyo.
Infantería rodeó la sede de "Calidad de Vida" del área de Desarrollo Social marplatense, que se encontraba tomada por cooperativistas y, sin orden judicial, procedieron a desalojar a unas treinta personas que se encontraban en el edificio, entre las que había niños, mujeres y adultos mayores.
Esta mañana la Infantería desalojó y reprimió a trabajadores desocupados y precarizados integrantes de Movimientos sociales, quienes se encontraban realizando un acampe en una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social Municipal denominada "Calidad de vida" en Mar Del Plata. pic.twitter.com/9ep2xNap6s
— Cesar Garzon (@Cesargarzon80) 10 de noviembre de 2017
"Hacemos responsable al intendente Arroyo por la brutal represión sufrida por los compañeros. Exigimos la inmediata libertad a los detenidos y la resolución inmediata del conflicto cumpliendo las legítimas demandas de las organizaciones", sostuvo en declaraciones a la prensa Gustavo Vicini, dirigente del Frente de Izquierda de Mar del Plata.
En un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudió "la brutal represión ocurrida en la ciudad de Mar del Plata" y lamentó que "en lugar de apelar a una vía pacífica de resolución, se hace uso de la violencia por parte de la agencias de seguridad como único camino para la gestión del conflicto".
"Es imprescindible que las autoridades municipales y provinciales expliquen lo sucedido y se determinen las responsabilidades de los funcionarios intervinientes. Al mismo tiempo deben investigarse los hechos de manera exhaustiva, rápida y eficaz, sancionando a los responsables de ordenarlos y llevarlos a cabo", indicó la CPM.
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