Las autoridades bromatológicas confirmaron que ambos productos son ilegales, presentan etiquetas engañosas y no garantizan condiciones seguras para los consumidores.

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La medida se oficializó mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, tras el rechazo del Congreso a decretos delegados y una cautelar presentada por ATE.
Más de 340 trabajadores de distintos organismos públicos, entre ellos el INTA, la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, el INASE y el INV, continuarán en sus cargos tras la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con el pase a disponibilidad. La medida se oficializó con las resoluciones 1343 y 221, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.
La resolución 1343 establece que “resulta necesario dejar sin efecto las resoluciones 1044/2025, 1217/2025 y 1240/2025 de este Ministerio de Economía, dictadas en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025, 462/2025 y 585/2025”. Por su parte, la resolución 221 anuló los despidos del personal de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y señala que “resulta necesario dejar sin efecto la Disposición N° 1 de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes De Aviación dictada en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025 y 585/2025”.
El martes, la Justicia había admitido una cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Gobierno abstenerse de ejecutar “cualquier acto administrativo que derive de la aplicación de la resolución 1240, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas” al INTA, INV e INASE.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, celebró las medidas y afirmó: “Presidente Javier Milei, ustedes se creían imbatibles, pero terminaron siendo muy torpes. Viven recalculando. En ATE nos estamos acostumbrando a ganar".
Además, el Gobierno restituyó la vigencia de varias normativas del INTA y de otros organismos públicos que habían sido modificadas por decretos presidenciales, mediante los decretos 627 y 628. En este sentido, el Ejecutivo aclaró que “el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos”.
Las autoridades bromatológicas confirmaron que ambos productos son ilegales, presentan etiquetas engañosas y no garantizan condiciones seguras para los consumidores.
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