El enfrentamiento que tuvo lugar este miércoles 24 de octubre en las inmediaciones del Congreso Nacional mientras se debatía el Presupuesto 2019 tuvo como consecuencia, entre otras, la detención de cuatro ciudadanos extranjeros que el Gobierno nacional busca "deportar lo antes posible". 

Según consta en el Decreto 70/2017 publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2017, que modifica -y endurece- el Artículo 62 de la vigente Ley de Migraciones (Ley N° 25.871), la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar la residencia "cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión y dispondrá la posterior expulsión" cuando:

• Se hubiese comprobado que el beneficiario de la residencia falsificó o adulteró un documento u omitió información sobre sus antecedentes penales para "obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina"
• "El residente hubiese sido condenado en la Argentina o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme" por cualquier delito "que merezca para la legislación argentina penas privativas de la libertad"
• Tratándose de una residencia temporaria, el beneficiario hubiese permanecido fuera de Argentina durante más de 2 años o la mitad del plazo acordado, a menos que "obedeciere al ejercicio de una función pública argentina" o alguna "actividad, estudio o investigación beneficiosa para el país"
• "Se hayan desnaturalizado las razones que motivaron la concesión de la residencia" o cuando la instalación en el país hubiese sido subsidiada por el Estado argentino y se violaran las condiciones requeridas para el subsidio

De acuerdo al Gobierno, los cuatro hombres -dos de nacionalidad venezolana, otro paraguaya y el restante, turca- estarían implicados en distintas actividades delictivas: los ciudadanos venezolanos serían miembros del servicio de inteligencia de Nicolás Maduro; el joven turco, sería un activista contra el G-20 y el paraguayo, integrante de un grupo anarquista de Asunción.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas acusaciones ha sido confirmada.