La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) denunció a la Policía de la Ciudad por la represión que tuvo lugar el 9 de abril de 2017, cuando los docentes se encontraban instalando la “Escuela Itinerante” sobre la Plaza de los Dos Congresos.

Lo que inició como un reclamo pacífico pero firme culminó en violencia. El operativo para levantar la carpa itinerante incluyó episodios en los que se utilizó gas pimienta y se efectuaron golpes a varios manifestantes. Incluso se detuvieron a dos personas.

El escrito que denuncia a las autoridades policiales llevó la firma del titular de la Procuvin, Félix Crous, y fue radicada ante la Cámara del Crimen tras realizar una investigación preliminar sobre lo sucedido.

El texto indica que no hubo “motivo alguno que justifique el uso de gas pimienta, los empujones, las patadas y los golpes propinados con escudos y bastones”

Ante esto, el documento señala que “no existió un ataque a los bienes del estado, afectación al libre tránsito o al personal policial allí apostado”.

“La desconcentración o desalojo de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas -los propios manifestantes o terceros- ante peligros reales y, a la vez, si ellos se vieran verificados, debe necesariamente contemplar las medidas de desconcentración menos lesivas para quienes ejercer el derecho”, explica la denuncia.

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de CTERA señaló que alrededor el comisario Marcelo Galluzzi, se comunicó con él para informarle “que desde el Ministerio de Espacios Públicos se le había ordenado desarmar la estructura y decomisar todos los elementos”.

"Al ser preguntados acerca de la existencia de alguna orden de desalojo, reiteraron que se trataba de una orden verbal que provenía de Presidencia, y que les daban dos minutos para retirarse del lugar”, inidicó la denuncia.

Habiendo escuchado la advertencia, el representante de los maestros comunicó "la situación a quienes integran la Junta Ejecutiva de CTERA, que se encontraban en el lugar". Sin embargo bastaron minutos para que la columna policial comenzó a avanzar en dirección a los docentes, propinándoles patadas, golpes con los bastones y escudos, y arrojando gas pimienta indiscriminadamente”.

Los funcionarios de la Policía declararon y concidieron en que recibieron una orden de desalojo y, de este modo, argumentaron su postura para justificar lo sucedido. Sin embargo, para la Procuvin se "violaron los derechos de los participantes como lo son el de reunión, expresión libre y petición a las autoridades; sino también a la integridad física de los manifestantes”.

“Por todo lo expuesto, entendemos que debe investigarse la cadena de mandos de la fuerza -y eventualmente ascender a los funcionarios públicos que conformaron y emitieron la orden-, en el marco del operativo policial desplegado el día que ocurrieron los hechos que  se denuncian”, sintetisa la denuncia.