Desde junio de este año que se conoce la noticia. Sin embargo, hace algunas semanas atrás llegó un mail del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del que depende la Secretaría de la Salud, con la confirmación oficial: ya no se entregan tratamientos hormonales a los centros de salud. 

Según informaron, la medida implica a una de las empresas que provee la Testosterona 1% en gel, marca comercial “Androlone”, de Laboratorio Beta S.A. ¿La razón? Las diferencias entre los precios cotizados a principio de este año y los precios del mercado actual, pasadas las corridas bancarias y financieras que llevaron al dólar de $25, $30 a casi $65, cómo está hoy en día.

Así lo explica para este medio Ese Montenegro, activista trans masculino que vive esta situación en primera persona. Según asegura, cuando se interrumpen los tratamientos hay diferentes grados de gravedad:  "No es lo mismo interrumpir un tratamiento a una persona que tiene hecha una histerectomía que a una persona que no. No es lo mismo la afectación a una persona que cuenta con una contención afectiva y económica que a una que no. Hay grados diferentes de daño”, asegura.

Sin embargo, tienen en claro que en todos los casos afecta a “nuestra salud física, psíquica y social, y lo hace de forma negativa”: “En mi caso tengo el privilegio de contar con una red de afectos materiales y simbólicos que me mantienen a salvo de esta violencia de estado. Si mañana no me entregan las hormonas puedo ir y comprármelas, con esfuerzo, pero puedo hacerlo, porque cuento con amigos que me bancan. Pero el problema no soy yo, son mis compañeras y compañeros que no están pudiendo acceder a la salud”, indica.

No se conoce oficialmente la cantidad de personas que consumen los tratamientos hormonales, ya que ni siquiera hay censos oficiales sobre la comunidad trans a nivel nacional. “Es necesario generar datos alrededor de nuestra comunidad para poder pensar políticas de estado que apunten a una justicia social con nuestro colectivo”, apunta el activista. 

Lo cierto es que, más allá de la devaluación, Montenegro destaca que no es una razón para recortar los derechos de la comunidad: “Las empresas de salud en general y los laboratorios en particular, nunca van a pérdida. Es una falacia y es una forma negociación extorsiva, donde usan a la población como rehenes de una negociación económica”, destaca. 

Luego, agrega: “El problema siempre es más que uno mismo y su capacidad de resolver. Cuando se afecta el derecho a la salud, se afecta a todo el tejido social. Los efectos llegarán antes a unxs (en este caso lxs ususarixs de hormonas) que a otrxs. Pero nos daña a todos como sociedad que el estado se sienta habilitado a recortar derechos”.

¿Qué dice la ley sobre el tema?

La medida de recortar el tratamiento hormonal viola los derechos garantizados por la Ley de Identidad de Género (26.743) de 2012 respecto del acceso a la salud integral. Es que la reglamentación establece, en su artículo 11, que el Estado debe garantizar el acceso a los tratamientos y cirugías. 

"Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”, reza el artículo.

Es por esta razón, que este problema atañe directamente como responsable al Estado: “Espero que con el cambio de Gobierno volvamos a tener un Ministerio de Salud a nivel nacional que repare todo lo que venimos denunciando con nuestras luchas. Hormonas, retrovirales, aborto legal, seguro y gratuito. Todo. La salud es una de las formas en la que la Justicia Social se materializan. Sin salud pública, gratuita y de calidad no hay justicia social”. 

Es que, según señala Montenegro, durante la gestión de Cambiemos la situación de la comunidad trans se agravó mucho más, debido a las “políticas devastadoras contra los sectores más vulnerables de nuestro país”: “La falta de tratamientos hormonales es una expresión más de la desidia y el odio con el que este gobierno ha tratado a nuestra comunidad. Es un emergente, una expresión de ese odio”. 

A modo de ejemplo, destacó la Ley Diana Sacayán, que se aprobó hace cuatro años en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la gobernadora María Eugenia Vidal “nunca ha promulgado ni reglamentado este derecho”: “Es decir, la ley sigue sin cumplirse efectivamente por decisión política de la alianza PRO. O, por dar otro ejemplo, hay provincia, como Formosa, donde tienen un solo médico que atiende a nuestra población para acceder a los tratamientos, pero no facilitan los tratamientos en sí y las y los compañeros tienen que viajar a otras provincias para acceder a hormonas o cirugías”. 

“Hay muchas luchas por dar, pero si a algo no le tememos es a trabajar y luchar para que así sea”, confiesa.

“Esto da cuenta, de una falta de implementación y cumplimiento de las leyes ya conquistadas, que va mucho más allá de nuestros tratamientos. Es desidia pura. Y lo poco que conseguimos fue siempre por medio de la lucha.  Por eso nos organizamos, porque no queremos ser más los destinatarios de ese odio. Queremos acceder a nuestros derechos en tiempo y forma. Y tener vidas que sean vivibles. Sobrevivir a sus violencias no es suficiente”, continúa.

Sin embargo, la problemática que atraviesan la comunidad trans atraviesa los diferentes mandatos: “Necesitamos políticas que generen organismos que controlen y garanticen el cumplimiento de nuestros derechos, no podemos seguir al merced del voluntarismo político de turno para que un derecho se cumpla o no”. Es por eso que, durante los últimos días, se realizaron diferentes marchas y movilizaciones para volver a conseguir las hormonas: "Hay muchas luchas por dar, pero si a algo no le tememos es a trabajar y luchar para que así sea”.