Una serie de partidas presupuestarias estatales se ejecutan sin mecanismos de rendición de cuentas, según investigaciones recientes. Se estima que alrededor de 140.000 millones de pesos se destinan anualmente a servicios como inteligencia, fondos reservados y fideicomisos que no están sujetos a auditoría pública.

En particular, el presupuesto asignado a inteligencia nacional, a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sumó más de 168.000 millones de pesos en gastos totales, sin obligación de rendirlos públicamente. Gran parte del dinero se considera “devengado”, lo que implica que queda ejecutado en el Presupuesto Abierto aunque no haya comprobación real.

Además, al menos 70% de las provincias maneja partidas presupuestarias que no requieren rendición de cuentas ante tribunales locales. En 11 distritos, se mantienen “gastos reservados” oficiales; en otros 10, existen fondos con controles laxos o indirectos.

También hay fideicomisos estatales, como el Fondo Estabilizador del Trigo o el Programa de Inversiones Estratégicas de ANSES, que no están incorporados al Presupuesto Nacional y no integran el sistema de control público estándar. El gasto en inteligencia y áreas sensibles contrasta con severos recortes en áreas clave: salud, ciencia y tecnología, desarrollo social y obra pública sufrieron ajustes reales superiores al 50%. Mientras, esas partidas con bajo control recibieron incrementos presupuestarios.